Una vez finalizada la guerra civil, en 1940, cuando Lluís Companys ya se encontraba en el exilio, fue capturado por la Gestapo en París y entregado a las autoridades franquistas. Como había sido juzgado en rebeldía en aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas por un tribunal especial de Barcelona sólo tuvo que ser juzgado y sentenciado en una jornada en consejo de guerra por un tribunal militar sumarísimo sin garantías. Tras un rápido consejo de guerra, lo fusilaron el 15 de octubre en el Castillo de Montjuic.
Ahora, 67 años después, sin poder cambiar nada de lo que ocurrió, el Govern pedirá anular el juicio contra Companys. Lo que sucedió en su momento está mal, pero ya no se puede cambiar. La historia, para bien o para mal, ya está escrita.
El Govern llevará ante la justicia la ejecución del ex presidente de la Generalitat, Lluís Companys, para que sea anulada la sentencia que dictó contra él un consejo de guerra franquista, cuando se apruebe la Ley de Memoria Histórica.
El Ejecutivo catalán, que se ha posicionado en reiteradas ocasiones a favor de la revisión de la condena de Companys, está decidido a personarse como “institución afectada” ante los tribunales, para reclamar la anulación del consejo de guerra.
La Ley de la Memoria Histórica declarará “ilegítimos” los juicios efectuados por el franquismo, y podrán utilizarse como prueba preconstituitiva para que los tribunales declaren nulas las sentencias de consejos de guerra franquistas.
Ahora, 67 años después, sin poder cambiar nada de lo que ocurrió, el Govern pedirá anular el juicio contra Companys. Lo que sucedió en su momento está mal, pero ya no se puede cambiar. La historia, para bien o para mal, ya está escrita.
El Govern llevará ante la justicia la ejecución del ex presidente de la Generalitat, Lluís Companys, para que sea anulada la sentencia que dictó contra él un consejo de guerra franquista, cuando se apruebe la Ley de Memoria Histórica.
El Ejecutivo catalán, que se ha posicionado en reiteradas ocasiones a favor de la revisión de la condena de Companys, está decidido a personarse como “institución afectada” ante los tribunales, para reclamar la anulación del consejo de guerra.
La Ley de la Memoria Histórica declarará “ilegítimos” los juicios efectuados por el franquismo, y podrán utilizarse como prueba preconstituitiva para que los tribunales declaren nulas las sentencias de consejos de guerra franquistas.
3 comentarios:
Ben vist.
Estoy de acuerdo.
Me parece bien este articulo, aunque hay algunas palabras que no he entendido muy bien...
Esta guay
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